HISTORIAS

19 Marzo, 2012

Empleo quiere destinar a pensiones el fondo de reserva de las mutuas

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La delicada situación por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social por el aumento del paro y la caída de cotizantes ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a buscar fórmulas para inyectar liquidez al sistema y esquivar el temido recurso al fondo de reserva —que a día de hoy acumula unos 70.000 millones de euros— para pagar las pensiones.

En este escenario, el Ministerio de Empleo está considerando utilizar el más que goloso fondo de prevención y rehabilitación que las mutuas dotan con los excedentes de la gestión de los accidentes laborales, y que acumula ya cerca de 6.000 millones de euros. Un esfuerzo que el Ejecutivo pediría a las empresas, pero que tendría como contraprestación una ley de mutuas que daría a estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social más poder para controlar el absentismo laboral, que cuesta a la economía española 64.000 millones de euros, el 6% del PIB.

Más autonomía en la gestión

El pasado mes de febrero la titular de Empleo, Fátima Báñez, en su primera comparecencia en el Congreso para hablar de la reforma del mercado de trabajo, adelantó que «en los próximos meses» el Gobierno presentaría una ley de mutuas para permitir una «mayor autonomía en su gestión». Esta mayor autonomía pasará por que estas instituciones puedan dar, además de bajas médicas, también altas, una petición histórica de las organizaciones empresariales como fórmula eficaz para luchar contra el fraude en las bajas laborales que, como ya informó este periódico, se produce entre el 7% y el 13% de los casos, de los más de un millón de personas que cada día faltan a su puesto de trabajo.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya intentó en los Presupuestos de 2011 fusionar el fondo de prevención de las mutuas con el fondo de reserva de las pensiones, lo que finalmente se impidió a través de una enmienda transaccional de los nacionalistas catalanes y vascos a los Presupuestos. En ese momento, esta iniciativa del Ejecutivo socialista puso en pie de guerra a las organizaciones empresariales, que defendieron la importancia de mantener su independencia. Además, la pretensión de los empresarios era utilizar ese excedente para rebajar las cotizaciones empresariales por contingencias profesionales. Argumentaban que, en la medida en que en los últimos años se ha reducido de manera considerable la siniestralidad laboral, sobre todo por la destrucción de empleos en el sector de la construcción y los positivos efectos de las medidas de prevención, las cuotas empresariales estaban sobredimensionadas y podrían, por tanto, reducirse. De hecho, según los cálculos que manejaba la patronal, el excedente acumulado por ese fondo le permitiría una rebaja de las cotizaciones empresariales de entre medio punto y un punto.

En el Acuerdo Económico y Social, que Rodríguez Zapatero firmó con empresarios y sindicatos en febrero del año pasado, se reconoce que existe un exceso de cotización que debe ajustarse. En concreto, el texto pactado explicaba que «su cuantía debe ajustarse a los costes de las prestaciones y de su gestión». Y para ello, el texto planteaba que durante un periodo de cinco años se procedería a una evaluación anual de los costes de las prestaciones, así como de los costes de gestión para propiciar un ajuste de las cotizaciones.

Ahora, sin embargo, los empresarios parecen haber renunciado a esta pretensión a cambio de otra, su mayor control sobre el absentismo laboral y la gestión de las mutuas.

Para las cuentas de la Seguridad Social poder utilizar los 6.000 millones de euros de excedente de las mutuas sería un importante salvavidas.

El Gobierno, en su escenario macroeconómico, prevé que la Seguridad Social tenga equilibrio el próximo ejercicio, frente a los ligeros números rojos con los que cerró este año. Esa es una tarea prácticamente imposible si no se recurre a ingresos extraordinarios. En un escenario de destrucción de empleo como el actual, que supondrá una caída de los ingresos del sistema, y en el que, además, se han subido las pensiones públicas, no hay nada que apunte a una mejora de las cuentas respecto al ejercicio 2011. Y el año pasado, por primera vez desde el año 1999, la Seguridad Social cerró en números rojos, lo que obligó al Gobierno a recurrir a remanentes de tesorería para pagar las pensiones.

Fuente: ABC.es

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