HISTORIAS

9 abril, 2012

Amnistía fiscal: ¿Medida injusta?

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno no es la primera que se aplica en España, ni tampoco en el mundo. Decenas de países —desde Alemania hasta Argentina— han echado mano de esa iniciativa para aflorar capitales opacos. Sin embargo, de la fórmula que se emplee depende la efectividad y la equidad de la medida. Y estas no siempre van de la mano.

La amnistía fiscal, publicada en el Boletín Oficial del Estado, permite a los evasores regularizar con total confidencialidad su situación a cambio de abonar al Gobierno el 10% de las cantidades defraudadas, a la vez que las empresas podrán repatriar vía dividendos los fondos que tengan en paraísos fiscales con un gravamen del 8%. La norma, que trata de aflorar 25.000 millones de euros y que las empresas repatríen otros 9.375 millones para recaudar 3.250 millones, libra de penas de cárcel por delito tributario a quien admita haber defraudado.

Al Gobierno la medida ya le ha costado una rebelión de las comunidades de régimen foral, el País Vasco y Navarra, que se niegan a aplicarla en sus territorios. “No estoy dispuesto a blanquear capitales, ni conciencias”, aseguró el diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao. Más comprensión ha hallado la amnistía en otras comunidades. “Si han llegado a tomar una medida tan extrema es porque la situación realmente lo demandaba”, defendió el consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell.

El Gobierno espera recaudar 3.250 millones con estos programas

La cantidad que espera recaudar el Gobierno no debería ser excesiva en un país cuya economía sumergida se estima entre el 22,9%, y el 23,7% del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, España ya tiene un mecanismo de regularización voluntaria de rendimientos. El socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, Esteban Raventós, considera que la amnistía favorecerá sobre todo el capital evadido en los últimos cinco años, puesto que vencido ese periodo prescribe la falta o el delito penal. Pero para el resto, sostiene, resulta “más ventajoso” acogerse al proceso ordinario, que consiste en presentar una declaración complementaria admitiendo esos rendimientos opacos. Ello se debe a que los rendimientos de las carteras sin declarar no han dado grandes beneficios por la crisis y pagarían incluso menos de ese 10%. “Ya había un procedimiento razonable. La amnistía no me parece el camino correcto”, asegura Raventós.

Los resultados de las amnistías aplicadas hasta ahora no han sido siempre los esperados. El director del Centro Internacional de Políticas Públicas de la Georgia State University y consultor de varios organismos como el FMI o el Banco Mundial, Jorge Martínez-Vázquez, asegura que “si hay que generalizar y resumir, las amnistías fiscales en la experiencia internacional no han sido efectivas. Por cada una que lo ha sido puede haber 10 o 20 que no lo han sido”.

Los evasores pagarán el 10% de las cantidades defraudadas

La eficacia de la medida puede depender, por ejemplo, del peaje impuesto: si es muy bajo, los evasores al menos dudarán sobre la oportunidad de regularizar sus impuestos; si es muy alto, muchos ni se lo plantearán. Ahí surge el riesgo moral. En un momento de subidas de impuestos —los rendimientos del trabajo tributan con un tipo mínimo del 24,75%— y tijeretazo del Estado de bienestar, ¿qué mensaje se traslada a la ciudadanía? “Es dudoso que esta medicina tenga unos efectos que logren paliar sus contraindicaciones. El mensaje que se está dando es el de falta de equidad. Cualquier ciudadano al corriente de sus obligaciones fiscales paga más por impuestos que ese 10%”, lamenta el director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade y miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU, Francisco Longo. Incluso el PP hace apenas dos años tachaba la medida de “injusta” y “antisocial”.

La iniciativa solo sería efectiva si se endurecen luego las inspecciones fiscales

Antes de esta, en España también hubo dos amnistías fiscales, una en 1984 y otra en 1992. La última, impulsada por el exministro Carlos Solchaga, consistió en regularizaciones a través de la compra de títulos de deuda pública especiales a seis años y con un interés del 2%. Con ello, el Gobierno central ingresó 800.000 millones de las antiguas pesetas, cerca de 4.800 millones de euros.

El catedrático de Economía de IESE Antonio Argandoña entiende el debate moral que suscitan estos programas, pero recuerda que el Gobierno ahora está “rebañando el plato” para reducir el déficit. “En estos casos hay que ser injustamente generoso. No se puede ser cicatero. Si sabemos que hay cientos de miles de euros que no tributan, hay que hacer que esos ciudadanos ahora pasen noches sin dormir pensando que se les presenta una oportunidad que no van a tener jamás”, señala.

Un alto mando policial que se dedica a investigar el fraude fiscal y que pide el anonimato advierte otro peligro de agravio comparativo. La amnistía no podrá aplicarse a las investigaciones que estén en marcha. “Una persona que esté siendo investigada puede haber defraudado lo mismo que otra que no lo está y que sí se podrá acoger a la iniciativa”, recuerda.

La efectividad de una amnistía fiscal también depende de la táctica empleada, que suele ser de palo y zanahoria. Jorge Guillermo, profesor de la Universidad de San Andrés y consultor para la ONU y el Banco Mundial, explica que “para que una iniciativa como esta tenga éxito y sea creíble, el fisco tiene que poner encima de la mesa una medida como duplicar la plantilla de inspectores que persigan el fraude y dejar claro que la amnistía no volverá a darse”.

Alemania aplicó la amnistía con pobres resultados y pasa ahora del perdón al castigo

Para ver los resultados, defiende el profesor Martínez-Vázquez, las amnistías deben ser “excepcionales” e “ir acompañadas de una reforma y mejora de la Administración Tributaria que deje claro que ahora es el momento de sanear las cuentas, que no habrá otra ocasión”. Y a la vez, agrega, debe quedar claro que luego se perseguirá y penalizará más el fraude fiscal. El profesor de la Georgia State University indica, además, los efectos negativos que puede tener sobre el resto de los ciudadanos. “Los que antes pagaban voluntariamente pueden dejar de pagar por desengaño con el Gobierno o por simple cálculo: sale más barato no pagar impuestos y acogerse a las amnistías fiscales”, explica. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ya advirtió de que la “regularización extraordinaria” podía provocar “un derrumbe de la consciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario”.

Las amnistías, pues, deben ser excepcionales, porque incluso pueden dar alas a los evasores. Así lo advierte un informe de Katherine Baer y Eric Le Borgne publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Señala que si los ciudadanos esperan nuevos programas de amnistía, “la evasión fiscal se vuelve menos costosa de lo que era antes de la puesta en marcha del programa”.

¿Ocurrirá todo eso en España? ¿Tendrá el impacto previsto? Dada la experiencia de la mayoría de países, que suelen recaudar menos de lo esperado, la Comisión Europea ha restado importancia al programa de amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, que entre el modelo alemán y el italiano, ha optado por acercarse más a Silvio Berlusconi que al de Gerhard Schroeder. Pero en un momento en el que muchos contribuyentes ven cómo aumenta la presión fiscal y muchos otros se ven empujados a la economía informal, el riesgo está en cómo de injusta vean la medida los ciudadanos.

Fuente: ElPais.es

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