HISTORIAS

1 Agosto, 2011

Dificultades en la recuperación del IVA de los impagados

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Lamentablemente, la recuperación del IVA de los impagados es una cuestión de más que rabiosa actualidad. La situación de crisis hace que muchas de las empresas de nuestro país se encuentren en problemas para obtener el pago por parte de sus clientes, lo cual, unido a sus propias dificultades financieras, conduce en ocasiones a problemas de tesorería a empresas que, por lo demás, son solventes.

Es conveniente partir de la base de que el devengo del IVA, y la consiguiente obligación de ingreso de las cuotas respectivas, se produce por la realización de las operaciones sujetas al impuesto, con independencia de cuándo se cobre su precio. Dicho con otras palabras, el tan traído y llevado sistema de devengo según los flujos de caja no está vigente en España (con excepción de los cobros anticipados, ámbito en el que sí se aplica).

Por tanto, cualquier empresa que realice operaciones sujetas a IVA ha de repercutir e ingresar el tributo correspondiente, tanto si su cliente hace efectiva su deuda como si no es así.

Los problemas se plantean cuando se intenta la recuperación del impuesto a causa del impago.

La cuestión se regula por los apartados tres y cuatro del artículo 80 de la LIVA, relativos, respectivamente, a los supuestos de declaración de concurso del cliente y de impago sin declaración de concurso.

En relación con estos últimos, los requisitos que establece la norma son diversos. De ellos hay dos que, especialmente en el caso de las pymes, dificultan muy considerablemente esta vía.

La pyme que pretenda la recuperación del IVA repercutido a un cliente insolvente ha de esperar seis meses antes de iniciar el procedimiento para la recuperación (un año para el resto de empresas). No parece una demora excesiva y, además, se coordina con la existente en el IS, por lo que, hasta aquí, nada que objetar. El problema se plantea porque la recuperación, que exige la interposición de una demanda judicial o la remisión de un requerimiento notarial, y que se sustancia en la expedición de una factura rectificativa, ha de realizarse dentro de los tres meses siguientes. Pasados estos, queda cerrada esta posibilidad.

Lamentablemente, son numerosos los supuestos en que los clientes que atraviesan por dificultades se retrasan en la atención de sus pagos. En estas circunstancias, la necesidad de realizar las actuaciones antes descritas, intimando de impago al cliente, resulta un tanto exigente, especialmente cuando se está en la idea de no romper las relaciones comerciales con el mismo, las cuales, en no pocas ocasiones, son la consecuencia de años de colaboración.

En estos términos, si se pretende propiciar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas por las pymes a sus clientes cuando estos desatienden sus obligaciones de pago, sería conveniente que la reducción de la demora que hay que soportar para el inicio del procedimiento (hasta hace relativamente poco era de dos años) se acompañase de una ampliación del tiempo del que se dispone para la realización de las actuaciones (demanda judicial o requerimiento notarial más factura rectificativa), de los 3 meses que se aplican en la actualidad a 6 ó 12 meses, habilitando la utilización de este procedimiento cuando se constata definitivamente que no hay interés en continuar las relaciones comerciales con ciertos clientes.

Arco Abogados y Asesores Tributarios.

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