HISTORIAS

6 noviembre, 2018

El Nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El nuevo impuesto sobre Servicios Digitales persigue gravar las empresas en los países donde generen beneficios. No obstante, no está cubierto por los Tratados para evitar la doble imposición, que abarcan los impuestos sobre la renta o el patrimonio, dado que lo que el nuevo impuesto grava es el valor incorporado a los servicios que se presten.  

El Gobierno español ha empezado a trabajar en la elaboración de nuevas normas fiscales que comportaran cambios significativos en el ámbito de la fiscalidad en España:  

 

A. Por un lado, la creación de nuevas figuras impositivas: el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, de acuerdo con las recomendaciones de las principales organizaciones internacionales.  

 

B. Asimismo, se prevén nuevas medidas en la lucha contra el fraude, como pilar básico de la política fiscal del Gobierno español.

 

Centrándonos en el Impuesto sobre Servicios Digitales, éste se creará con el fin de gravar las operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan.  Se basa en la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea el 21 de marzo de 2018, a efectos de adecuar la fiscalidad a los nuevos modelos de negocio. Este nuevo impuesto persigue gravar las empresas en los países donde generen beneficios. No obstante, no está cubierto por los Tratados para evitar la doble imposición, que abarcan los impuestos sobre la renta o el patrimonio, dado que lo que el nuevo impuesto gravará es el valor incorporado a los servicios que se presten.  

 

  • El impuesto gravará los servicios digitales en los que intervengan los usuarios: (i) publicidad en línea; (ii) intermediación en línea y transmisión de datos que hayan sido generados por actividades desarrolladas por usuarios. Existen, no obstante, determinadas prestaciones que no estarán sujetas al mismo, como por ejemplo las ventas contratadas en línea a través del sitio web del propio proveedor y no de un intermediario. 

 

Afectará a las compañías con un importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior superior a 750 millones de euros y cuyo importe total de ingresos de prestaciones de servicios digitales sujetas en el año natural anterior supere los 3 millones de euros. Por lo tanto, excluirá a las pequeñas y medianas empresa y gravará sólo a aquellas con un volumen de operaciones significativo en nuestro territorio.  

 

  • Se exigirá con independencia del lugar donde la empresa prestadora esté establecida, ya sea en España, la Unión Europea o en un tercer país.  

 

A efectos de determinar cuando una operación se entienda realizada en territorio español, se tendrá en cuenta cuando el dispositivo del usuario esté localizado en España (a través de la dirección de protocolo de internet IP). 

 

  • El tipo impositivo se prevé del 3% y se aplicará sobre los ingresos percibidos por las prestaciones de servicios, excluido el IVA y otros impuestos equivalentes.  

 

  • Este nuevo impuesto comportará el cumplimiento de nuevas formalidades, tales como la inscripción en un registro específico, el nombramiento de un representante fiscal cuando se trate de empresas no residentes en la UE o la presentación de declaraciones trimestrales.

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