HISTORIAS

12 agosto, 2011

La Audiencia Nacional mejora la fiscalidad por I+D para las empresas.

Una sentencia afirma que la actividad de investigación no tiene que ser revolucionaria para tener derecho a deducción. Además, exige a la Inspección de Hacienda que presente informes periciales si quiere echar por tierra los incentivos fiscales.

La Audiencia Nacional acaba de dar un espaldarazo a las deducciones fiscales que pueden disfrutar las empresas por la realizaciónde proyectos de innovación, originariamente identificados como I+D y actualmente como I+D+i. Y lo ha hecho adoptando un criterio amplio, en contra de las restricciones de Hacienda.

En una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso, de 30-V-2011, se establece que “la novedad no debe entenderse como absoluta, revolucionaria o de trascendencia mundial”. Además, exige a los organismos de Hacienda que si pretenden denegar los incentivos fiscales por tales proyectos, tienen que apoyarlo con informes periciales.

El fallo ha anulado varias liquidaciones de Hacienda que exigían a una empresa 718.162 euros por haberse deducido de más en conceptode proyectos de I+D en varios ejercicios fiscales en los noventa.

La empresa elaboraba productos de papel para la industria del tabaco. Según se expone en la sentencia, se trata de un sector “dominado por un número reducido de multinacionales” y que “exige un constante avance tecnológico”. Ello obligaba a “innovar constantemente los productos que fabrica”. En concreto, la disputa con el Fisco se mantenía por las deducciones practicadas en tres ejercicios por más de una treintenade proyectos de I+D que se referían, por ejemplo, al “tabaco reconstituido”, la “perforación del papel boquilla” o a “mejoras de los procesos productivos”, entre otros.

Hacienda había practicado liquidaciones complementarias porque entendía que, tras estudiar todos los proyectos discutidos, lo que se realice “ha de ser novedoso, frente a todos y para todos”. En otras palabras, “por muchas mejoras que se hayan hecho, no hay desarrollo si no hay una aplicación de unos resultados calificables de novedosos frente a todos y novedosos para cualquiera”.

Sin embargo, la empresa recurrió las liquidaciones porque entendía que en sus proyectos sí existía innovación. De hecho, aportó tres informes periciales que apoyaban este planteamiento. Y tal aportación ha sido apreciada de forma positiva porla Audiencia Nacionalque, precisamente, ha censurado que la Inspección no solicitara por su parte informe alguno para denegar el carácter innovador de los proyectos.

La sentencia, que acepta los argumentos del área de Fiscalidad Contenciosa de Cuatrecasas, que dirige Miró Ayats, también ha revocado las decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que respaldó las liquidaciones.

Según explica la Audiencia, “la Administración, para negar la deducción de inversiones documentadas en proyectos avalados por expertos, tendría que valerse de sus propios servicios internos para obtener un dictamen de asesoramiento sobre el proyecto y su valoración, o acudir a un dictamen de perito independiente”.

Si no lo hace, como sucedió en este caso, no sólo durante el procedimiento inspector sino en el TEAC, la sentencia dice que este órgano admite “de forma expresa y voluntaria que abdica de toda función revisora basada en la idea de la independencia funcional y de la sumisión a la ley”. Exigir un grado de novedad absoluta, precisa, “lograría restringir extraordinariamente el concepto [de innovación] y privar de efecto alguno a la inversión realizada, lo que sería tanto como desincentivar la inversión en I+D+i”.

Una tesis para el momento actual

 

El concepto amplio y flexible de innovación que adopta la Audiencia Nacional para que se puedan aplicar los incentivos fiscales tiene proyección de futuro. El motivo es que, si bien se basa en una legislación de 1995, ya modificada, el propio fallo se molesta en especificar que su tesis se puede mantener tras la reforma de la Ley 55/1999. Con ésta “se mejoran los incentivos actualmente existentes y se proponen otros nuevos para fomentar el desarrollo científico y tecnológico”. Por otro lado, la sentencia de la Audiencia también precisa que “la liquidación no ha sido complementada en el curso del procedimiento inspector por ningún asesoramiento técnico brindado al actuario”.

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