HISTORIAS

25 junio, 2013

Límite a la deducción de gastos financieros ¿Hay un problema de constitucionalidad?

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La nueva redacción que el Real Decreto-Ley 12/2012 ha dado al artículo 20 del TRLIS ha supuesto sustituir una norma tradicional antisubcapitalización, totalmente superada debido a su incompatibilidad con el ordenamiento comunitario y los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición, por un riguroso límite a la deducción de los gastos financieros netos derivados de todo tipo de endeudamiento.

Se ha destacado de la nueva norma su parentesco con las más modernas normas antisubcapitalización, en particular con la alemana, por cuanto, en efecto, dicha norma fija el límite de deducción en el 30% del ebitda y el exceso se puede deducir en los periodos impositivos sucesivos. Con todo, la norma española es mucho más rígida ya que, a diferencia de la alemana, no contiene la cláusula de escape consistente en admitir, en relación con las entidades filiales, todos los gastos financieros que, aún rebasando el límite, derivan de una estructura financiera congruente con la del grupo mercantil.

Pues bien, con fecha 29 de abril del corriente año, el tribunal de Münster ha recabado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Fundamental de Bonn, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal por considerar que el límite a la deducción de gastos financieros podría ser inconstitucional.

Inquieta al referido tribunal que la norma limitativa violente el artículo 3, relativo al principio de igualdad, y el artículo 14, concerniente a la garantía de respeto de la propiedad, ambos de la Ley Fundamental de Bonn.

La igualdad en el ámbito de la tributación sobre los beneficios de las empresas se confía en el sistema tributario alemán al denominado principio del neto objetivo, lo que implica que el gravamen se reduzca a los rendimientos netos (Herrera Molina Pedro. Capacidad económica y Sistema Fiscal, página 116).

La garantía de la propiedad rechazaría, según los comentaristas alemanes que se han hecho eco de este conflicto (Andreas Perdelwitz, IBFD), una medida que, por aplicarse a endeudamientos de tipo común, podría provocar daños irreparables a las entidades en dificultades financieras.

En fin, siguiendo a dichos comentaristas, el tribunal de Münster indica que es constitucionalmente posible apartarse del principio del neto objetivo por razones fundadas de interés general, pero también que debe hacerse respetando el principio de proporcionalidad lo que, a su entender, no acontece, por cuanto la limitación afecta a los intereses derivados de cualquier clase de endeudamiento y no solo al de carácter artificioso.

¿Podría la iniciativa del tribunal de Münster tener su homóloga en España?

El Tribunal Constitucional español ha concedido un gran valor al principio de proporcionalidad pues, según su doctrina, el que en la aplicación parcial del tributo se produzca un efecto contrario a la equidad, no puede convertir la norma en cuestión-eo ipso- en contraria a los principios del artículo 31.1 CE y, concretamente, al principio de justicia tributaria, salvo que esa afectación, bien sea ilegítima, por carecer de razón que la justifique, bien sea desproporcionada cuando aún gozando de una justificación que la legitime, sea mayor el sacrificio producido en los principios constitucionalmente consagrados que el beneficio que a través de su finalidad se pretende obtener (STC 19/2012).

El legislador ordinario tiene libertad para configurar los hechos imponibles con tal que denoten capacidad económica y, desde luego, el resultado contable, aun modificado por la adición de intereses afectados por el límite, es un índice demostrativo de capacidad económica. Ahora bien, esa configuración debe hacerse de manera tal que los sujetos que se hallen en la misma situación reciban el mismo tratamiento, esto es, respetando el principio de igualdad, y cuando el interés general requiera un cierto distanciamiento de ese principio ha de optarse por el menor de los posibles.

Consecuentemente, se opina que la clave para la resolución de un eventual conflicto no descansaría tanto en la consideración de que la no deducción plena del coste de uso del capital lleva a gravar una magnitud distinta del beneficio neto, cuanto en si la forma en como se ha construido el límite determina un tratamiento igual a los iguales o, en caso negativo, si la desigualdad es la mínima posible.

¿Son iguales quienes tienen el mismo resultado operativo? ¿Lo son quienes tienen la misma estructura financiera? Esta segunda opción ha sido sugerida por algún comentarista (G. Rodrigo Chaques. El artículo 20 del TRLIS bajo el principio de capacidad económica. CEF 362)

Es posible, ciertamente, que una limitación directamente proporcional al exceso objetivo de endeudamiento en relación con las restantes fuentes de financiación hubiera levantado menos inquietud constitucional que una limitación directamente proporcional al resultado de explotación que pone en relación inversa a dicho resultado de explotación con los gastos financieros netos no deducibles, cual es la que se aloja en la vigente redacción del artículo 20 del TRLIS.

No es difícil establecer puentes entre la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución española en materia de principios rectores de la imposición, y de ahí que, cualquiera que sea su signo, la resolución del Tribunal Constitucional alemán tendrá gran interés para nosotros.

Entretanto, la prudencia aconseja perfeccionar el artículo 20 del TRLIS, mediante algunas medidas complementarias que, sin merma de la función que le ha encomendado la autoridad fiscal y ratificado el órgano legislativo, refuercen su eficacia y alivien las inquietudes constitucionales. Así:

  • La incorporación de una cláusula de escape fundamentada en la comparación de la estructura financiera individual con la del grupo mercantil.
  • La exclusión de la restricción de las entidades que no pertenecen a un grupo mercantil.

Eduardo Sanz Gadea.

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