HISTORIAS

14 Marzo, 2012

Los Presupuestos Generales del Estado: más ajustados de lo esperado

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Los Presupuestos Generales del Estado que ultima el Ejecutivo serán los más complicados de la historia reciente. El nuevo objetivo que exige Bruselas, 5.400 millones más restrictivo que lo que pretendía España, obliga a reorganizar las previsiones manejadas. A partir de ahora, el ministro de Hacienda se encuentra en una encrucijada de difícil solución.

Subir el IVA. Los 5.400 millones de euros que pide la UE es exactamente lo que consiguió recaudar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en dos años al subir el IVA del 16% al 18%. Los expertos siempre han dicho que es la figura tributaria donde España tiene más margen. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue preguntado ayer por una eventual alza en 2013: “No adelantemos acontecimientos” fue su enigmática respuesta. Eso sí, subir el IVA supone para el PP renunciar a una de sus principales promesas electorales.

Elevar Impuestos Especiales. Otra alternativa menos dura sería impulsar subidas de los Impuestos Especiales, centrándose en el gravamen a las gasolinas, el que tiene una mayor fuerza recaudatoria. El alza de estos tributos ayudó al Gobierno a recaudar en 2010 1.190 millones de euros extra y en 833 millones en 2011. Los Hidrocarburos, además, deben subir por imperativo europeo.

Recortar el techo de gasto del Estado. Si el Ejecutivo renunciara finalmente a las subidas de impuestos, otra opción sería recortar el techo de gasto del Estado un 10% en 2012 (y no un 4,7% como ha previsto). Si la Administración central carga con el ajuste adicional del déficit que exige Bruselas sólo dispondrá de 113.000 millones de euros para gastar en 2012.

Cargar más el ajuste en las comunidades y en los ayuntamientos. Otra opción, rechazada por Montoro, sería pedir más austeridad a las comunidades y a los ayuntamientos, algo que sería contraproducente cuando se acaba de impulsar una macrooperación financiera para desempolvar las facturas en el cajón de estas Administraciones. El Gobierno no ha relajado el objetivo de estabilidad de los consistorios y a las comunidades, a pesar de las presiones recibidas. En ese escenario, políticas de copago serían inevitables.

Recortar aún más el sueldo de los empleados públicos. Otra opción que cada vez temen las organizaciones sindicales. Eso sí, es una opción que también lastrará el crecimiento ya que hay más de tres millones de personas en España que cobran su nómina de las distintas administraciones.

Fuente: Expansión.es

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